Nuestro discurso no ha variado desde nuestros inicios, nuestra premisa es velar por el bienestar laboral de nuestros docentes interinos:
Al comienzo de todo este proceso de estabilización, hicimos especial énfasis en la famosa letra pequeña con la que se planteó. Desde nuestra organización realizamos todos los pasos pertinentes dando inicio a un proceso que a día de hoy sigue vivo. Nuestros primeros pasos fueron establecer las correspondientes demandas judiciales, era el paso necesario y el punto de partida para corregir la desigualdad que se estableció desde un primer momento, por ello se procedió a demandar a todas las Comunidades que habían escondido plazas para la convocatoria de méritos y las habían sacado en la no eliminatoria.
- Nos preguntamos si la Administración podía haber demandado también este hecho.
- Creemos que nuestra Comunidad debería haber luchado más por esta injusticia, que ahora nos afectará de manera negativa, ya que muchas plazas recaerán en personal que no trabaja en nuestra Comunidad.
Seguimos trabajando por encontrar una solución a este proceso. Siempre hemos tenido la certeza que, si estas plazas no se adjudicaran por este proceso, lo harían por el proceso de oposiciones ordinario, puesto que existe un acuerdo firmado por algunas organizaciones sindicales, que nos obligan a bajar a un 8% de interinidad.
- A la Administración le reclamamos que ya deberíamos de tener una serie de propuestas respaldadas jurídicamente para dar estabilidad al docente que se encuentre en fraude de ley.
- Además recalcamos desde el inicio a la Administración que debido a la singularidad de este proceso no se tuviera en cuenta la nota de estas oposiciones para la reordenación de las listas de empleo al ser un proceso pensado para las personas en fraude de ley.
INSUCAN siempre ha defendido que este proceso es injusto, no debe estabilizarse personas sin fraude de ley, por una vez los trabajadores deberíamos estabilizarnos por nuestra antigüedad y no por una NOTA DE OPOSICIONES.
- Tras la sentencia por parte del TJUE a fecha de 22 de febrero, se abre una puerta a la negociación y presión social a cambiar las reglas de juego de esta mal llamada estabilización. Nuestro sindicato a raíz de dicha sentencia no ha parado de reivindicar que nuestra Administración debe presionar a nivel nacional para obtener respuestas.
- Desde la administración se debería tener en cuenta que la oferta que se publicó fue excesiva en comparación con otras comunidades. También recordamos que por una vez se hizo bien la tarea y se cumplió con lo establecido, aunque no es lo factible para el personal de nuestra comunidad ya que ha tenido efecto llamada.
En la mesa del día 23 de febrero un día después de la aclamada sentencia del TJUE, realizamos un ruego donde planteamos la necesidad de que la administración nos informe de cómo va a actuar y las medidas a adoptar ante esta situación. A día de hoy seguimos sin tener una respuesta clara que de tranquilidad a nuestros docentes, teniendo claro que ellos son el medio de presión para trasladar dicha problemática a los estamentos centrales, y dejando clara la singularidad de nuestra comunidad autónoma.
