(10-abr-19)

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) rechaza la oposición del Gobierno del Estado a la aplicación para el 2019 de los importes que corresponde por el acuerdo de 1 de septiembre de 2017.

La Consejería ha convocado para el miércoles 3 de abril mesa sectorial para tratar el tema: "Información sobre objeciones comunicadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2019."

Información de la mesa sectorial del 3 de abril:

Respaldo sindical unánime a la reclamación del Gobierno de Canarias para el cobro íntegro de los sexenios

 

La información que disponemos en este momento es por el comunicado del Consejo de Gobierno celebrado hoy lunes 1 de abril de 2019.

Reproducimos el comunicado del Consejo de Gobierno:

El Gobierno de Canarias se opondrá a la rebaja de los sexenios para el profesorado que plantea el Estado.

El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el contenido de las objeciones planteadas por el Gobierno del Estado a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, que se debatirán en comisión bilateral.

El Gobierno del Estado ha manifestado al de Canarias su oposición a diferentes artículos contenidos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año, por entender que contravienen la normativa estatal. En el caso de Educación, la posición que defiende el Estado supondría una reducción de en torno a un 80 por ciento en el importe de los sexenios que cobra el profesorado en 2019.

Las objeciones del Estado se refieren concretamente a los epígrafes 1, 3 a) y b), y 5 del artículo 41 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. En ellos, se regula la aplicación de los complementos retributivos al profesorado canario, fruto del desarrollo del acuerdo alcanzado con la representación sindical para implantar el modelo de sexenios en las islas y homologar así sus salarios con los del resto de comunidades autónomas.

El Estado entiende que el importe de dichos complementos supera el límite legal establecido para la creación de nuevos complementos retributivos o aumentar el importe de los ya existentes, que estableció a través del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por lo que el Gobierno estatal reclama ahora que se reduzca sustancialmente el importe de los sexenios a cobrar por el profesorado y se eliminen nuevos complementos.

La Comunidad Autónoma, por su parte, considera que las objeciones del Estado por el establecimiento de los importes de los sexenios y la regulación de varios complementos relativos a las coordinaciones que realiza el profesorado en áreas transversales, como son la prevención de riesgos laborales, la convivencia y las tecnologías de la información y la comunicación no son de aplicación en este caso, al tratarse de complementos ya aprobados en su totalidad en el año 2017.

El acuerdo para la implantación del modelo retributivo que ahora pone en cuestión el Estado se basó en una planificación plurianual, por la que el importe de los sexenios y el resto de complementos se iría incrementando progresivamente hasta el año 2022, cuando el modelo quedaría definitivamente implantado. De hecho, el propio acuerdo, suscrito el 1 de septiembre de 2017, recogía una tabla con los importes exactos a recibir por los sexenios en cada uno de los cinco años de implantación. Así se publicó en el Boletín Oficial de Canarias y así comenzó a implantarse ya en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que se aplicó con normalidad durante todo el año pasado.

En desarrollo del acuerdo, el presupuesto para este año 2019 incluyó, en el momento de su aprobación por el Parlamento autonómico el 19 de diciembre de 2018, la actualización de los complementos retributivos. Sin embargo, dos días después, el Estado publicaba el citado Real Decreto-Ley, cuando la Cámara autonómica ya había aprobado las cuentas para 2019, que se publicarían en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, el Gobierno de Canarias entiende que la aprobación del Real Decreto-Ley que limita el crecimiento del gasto fue posterior a la aprobación del presupuesto canario. Pero, es más, la Comunidad Autónoma considera que dichos complementos no son nuevos, ni suponen un incremento desmesurado sobre los salarios establecidos, tal y como parece plantear el Estado, sino que ya estaban plasmados en el acuerdo con los sindicatos del 1 de septiembre de 2017. Precisamente, el no aplicar el total del importe de los sexenios desde el año 2018 obedeció a 1 / 2 la voluntad de las partes de no causar un perjuicio a las arcas de la Comunidad Autónoma y seguir una senda de gasto perfectamente asumible durante el quinquenio de implantación de los sexenios y así se planificó hace casi dos años.

Por otra parte, la oposición del Estado al incremento en los sexenios se basa en que el Real Decreto-Ley 24/2018, obliga a todas las entidades del Sector Público a que, en su planificación de los gastos de personal al servicio del sector público, no se superen ciertos límites en el incremento de gastos por los conceptos "efectivos de personal", es decir, nuevas contrataciones, y "antigüedad". De ahí que el Gobierno de Canarias considere que su contenido tampoco es aplicable a este caso concreto, porque los sexenios no son complementos por antigüedad, sino por la formación continuada que realiza el profesorado.

Aunque está establecido que cada docente puede solicitar su cobro cada seis años, el requisito para obtenerlos es la acreditación de haber realizado actividades formativas homologadas en ese periodo y, por lo tanto, haber mejorado sus conocimientos para la docencia durante los seis años. Sin esa acreditación por formación, no se cobran los sexenios, por lo que hablamos claramente de un complemento retributivo por formación y no por antigüedad y no serían de aplicación las restricciones estatales por ese concepto. El complemento que reciben por antigüedad es el de los trienios que, en ese caso, se aplica de forma automática y no tienen que solicitarlo.

Con estos argumentos, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, consideró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Gobierno de Canarias tiene dos “razones de peso” para oponerse a las objeciones del Estado a la aplicación de los sexenios y sus complementos. La primera, que se trata de un acuerdo establecido en su totalidad desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que no considera de aplicación restricciones impuestas por normas posteriores. La segunda, que se confunde la naturaleza de los sexenios, que no son una compensación por antigüedad en el servicio público, sino por el esfuerzo en la formación continua que realiza el profesorado.

Monzón añadió además una tercera, basada en el trato desigual con el resto de territorios del Estado. La consejera señaló que “la razón de ser de los sexenios no es otra que la de homologar los salarios del profesorado de las islas con los del resto de Comunidades autónomas”. Además, añadió que “después de años de intentos, por fin la Comunidad Autónoma dispone de suficiente capacidad presupuestaria para que en las Islas se cobre igual que en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que impedirlo supondría un nuevo obstáculo para que Canarias pueda ofrecer empleos de calidad, con oportunidades de desarrollo de una carrera profesional en las mismas condiciones que el resto”.

Como conclusión, consideró que “la aplicación inflexible de normas homogéneas de restricción del gasto vuelve a frenar la capacidad de crecimiento de las comunidades autónomas que han sido más eficientes en su política presupuestaria y que disponen de recursos propios suficientes como para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en el caso de Canarias, lograr ser más competitivos y mejorar en las comparaciones con las medias estatales”.

La Consejería de Educación y Universidades ha convocado ya a todas las fuerzas sindicales que firmaron el acuerdo de 2017 para mantener una reunión el próximo miércoles, en la que analizar al detalle las objeciones del Estado y que el profesorado cuente con toda la información disponible.

 

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